A. Un recurso administrativo que se puede interponer contra cualquier acto del procedimiento de contratación, independientemente de su importe. B. Un recurso ágil y gratuito ante un tribunal administrativo independiente contra ciertos actos (anuncios, pliegos, adjudicaciones) en contratos de cierta cuantía. C. Una reclamación que se presenta ante el Defensor del Pueblo. D. Un recurso judicial que se interpone directamente ante el Tribunal Supremo.